Sobre la República II

La libertad y el Imperio de la ley republicana.

El gobierno de la ley y no de los hombres. Primero con esto queremos indicar que la fuente suprema e inviolable de la autoridad, y por ende, de toda la legitimidad institucional, se encuentra absolutamente en el derecho, en contraposición al arbitrio de los hombres. En la república se busca acabar definitivamente con cualquier tipo de dominación arbitraria de un hombre por otro hombre, y esto solo se puede cuando todos los hombres están sujetados al imperio de la ley, que no responde al arbitrio de ningún hombre en concreto, sino a la voluntad general, entendida como la ley de todos. Esto indica que no existe un hombre o un grupo de hombres que pueda someter a su arbitrio a los demás, sin entrar en contradicción con la norma. Cualquier forma de sometimiento entre los hombres se dará estrictamente bajo la supervisión y administración del derecho. Con esto se busca crear parámetros de sometimiento legítimos, donde la autoridad de un hombre magistrado es tal, sólo en la medida en que es permitida y regulada por la ley. Ninguna forma de sometimiento producto del libre arbitrio de los hombres es compatible con el principio republicano del imperio de la ley. Tan pronto como una norma permita a algunos hombres someter a los demás por su libre arbitrio y no por los requerimientos de la ley entendida como expresión de la voluntad general, es una violación misma del imperio de la ley, porque ¿cómo podría justificarse que una parte de la voluntad general admita ser sometida arbitrariamente por otra parte? Es una verdad evidente que los hombres prefieren ser libres a ser esclavos de la dominación de otros hombres; por ende no es justificable una dominación arbitraria hecha ley, porque la hace necesariamente una norma ilegítima que tan sólo representa la voluntad de un hombre o de una facción (la favorecida en la relación de dominación) y no de la voluntad general.

De este principio se deriva otra consecuencia: la libertad, entendida como libre de dominación. El derecho, al someter a su autoridad a todos los hombres por igual, necesariamente está sembrando el principio de la libertad. Ya que todos los hombres son sometidos a al autoridad de la ley, ninguno podrá entonces someter a otros a su propio arbitrio sin contradecir la misma ley, y por ende no existiría tal dominación (partiendo del hecho que el imperio de la norma sea eficaz) y al no haber dominación gracias a la igualdad ante la ley, entonces alcanzamos la libertad. Porque en una sociedad en la que la ley permita la dominación o al menos no logre ser eficaz en proteger a los hombres de la dominación de otros hombres, es una sociedad que no podemos catalogar de libre. Es una sociedad donde algunos son libres a expensas del sometimiento de otros.

Entender la libertad como la voluntad libre de obstáculos entra en la contradicción de que un hombre puede tener una voluntad libre sin obstrucciones, pero estar atado en una relación de necesidad con otro hombre que no le permite ejercer esta libertad (aunque formalmente esté establecida tal libertad), como la relación entre el amo y el esclavo, entre el Señor y el siervo o entre el patrón y el trabajador. Sencillamente es el concepto de libertad equívoco de los liberales. Aunque los liberales parten de la concepción de que la ley es una obstrucción de la libertad, para los republicanos la libertad solo existe en la medida en que la ley la imponga. La ley tiene por propósito el coartar toda la libertad de los hombres de dominar a otros hombres. ¡Por ende es una coacción que genera libertad, tan pronto como evita la esclavitud!

Entonces dos son las consecuencias del principio del imperio de la ley. La igualdad que viene necesariamente vinculada con ella, ya que el derecho se constituye como la fuente suprema de la autoridad y de toda legitimidad, al evitar que unos hombres se eleven por encima de otros en una relación de dominación arbitraria. Toda forma de dominación está regulada por la ley, y cuando un magistrado ejerce el poder que le es conferido entre sus competencias, no lo hace por su arbitrio, sino por el mandato de la ley, lo cual hace de tal dominación una dominación de la ley más que del individuo que ejerce la magistratura, y al ser la ley la expresión de la voluntad general, entonces es la voluntad general la que se impone por encima de todos los individuos a través del derecho, haciéndolos a todos iguales. La segunda consecuencia es la libertad, porque el estar sometidos todos a la ley es asegurar que nadie podrá ejercer sobre nosotros un poder arbitrario y nosotros estaremos disfrutando de nuestra libertad con plenitud en la medida en que respetemos tal ley, porque entonces así los demás también la respetarán, evitando que se constituyan esquemas de dominación entre los hombres. Si todos estamos sometidos a la ley, es decir, a la voluntad general, entonces no estamos sometidos a nadie en particular, y por ende como todos estamos bajo las mismas condiciones, todos podemos asegurar que somos igualmente libres. Cuando unos se hacen más libres que otros, es porque los primeros podrán, entonces, someter a los segundos a su propio arbitrio. Si la igualdad es la consecuencia necesaria del imperio de la ley, la libertad es la consecuencia necesaria de esta forma de igualdad.

Sin embargo no podemos afirmar que un sistema por estar sometido estrictamente al imperio de la ley, necesariamente va a ser republicano, porque entonces estaría en regla afirmar que una monarquía limitada puede considerarse una república, lo cual no es así. La tradición teórica republicana ha tendido a poner a la monarquía en total oposición a la república, pero esto no por razones arbitrarias, sino por la necesaria conclusión que se deriva del imperio de la ley. En un sistema donde exista un individuo o un grupo que de alguna manera este elevado por encima de todo ciudadano común, bien sea por la tradición, bien sea por el derecho positivo, no podemos afirmar que pueda ser consistente con el principio que presentamos anteriormente, porque es contradictorio con el principio de la libertad concedida por la igualdad ante la ley.